Hay un nuevo conflicto en puerta entre el Gobierno y organizaciones sociales oficialistas. En medio de la tensión por la auditoría a los 1,3 millones de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, la reciente suspensión de 40 mil planes volvió a poner en jaque al Ejecutivo con parte de su base de apoyo popular. El origen de la disputa es la “incompatibilidad” que existe entre el Potenciar Trabajo –que otorga unos 24 mil pesos a cambio de cuatro horas de trabajo diario en cooperativas– y las becas Progresar –que aporta $5000 para jóvenes de entre 17 y 18 años que estudian–. La baja de los planes se efectuó durante el fin de semana y se conoció el lunes, cuando los beneficiarios no vieron en sus cuentas bancarias la acreditación del dinero por parte del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Juan Zabaleta. Ayer, importantes agrupaciones kirchneristas pegaron el grito en el cielo. “Denunciamos que de un día para el otro dejaron sin salario social complementario a miles de laburantes con sus contraprestaciones trabajadas durante agosto, sin previo aviso y sin la posibilidad de hacer el trámite y elegir dar de baja el Progresar para seguir cobrando por su trabajo”, cuestionaron en un comunicado conjunto desde la Corriente Clasista Combativa (CCC) –del diputado nacional Juan Carlos Alderete–, Somos-Barrios de Pie –de Daniel Menéndez, a su vez funcionario de Desarrollo Social– y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) –de Juan Grabois–, entre otras organizaciones que también integran la oficialista UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular).