El reciente ataque al sistema informático de la Legislatura Porteña es sólo un eslabón de una larga cadena de hackeos a organismos públicos. Crece el consenso para actualizar una ley que quedó obsoleta. La Ley 25.326, de Protección de Datos Personales, sancionada en el comienzo del milenio, fue una ley innovadora y pionera en la región latinoamericana que establecía la obligación de preservar y resguardar los datos personales de una manera tal que se garanticen los derechos al honor y a la intimidad de las personas. Sin embargo, esas buenas intenciones que funcionaron aceptablemente durante los primeros años del 2000, quedaron totalmente desfasadas con la aparición y auge de las redes sociales y la digitalización de la vida diaria, exacerbada, en particular, luego de la crisis por el Covid-19. Hoy, países como Brasil y Chile poseen una legislación comparada muy superior en la materia y por ello, en el año 2018, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley ante el Congreso para actualizar la norma vigente. Este cambio aún no ha obtenido ningún avance significativo a pesar de los numerosos ataques que sufrieron la administración pública nacional y provincial y una buena cantidad de empresas privadas.